El juez Wilson Verátegui Gálvez ordenó que Keiko Fujimori sea investigada con comparecencia simple. Es decir, solo tiene la obligación de acudir a la citaciones de la fiscalía.
Gracias a la Ley 32130, aprobada por el Congreso de la República, el Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, representado por el juez Wilson Verátegui Gálvez, levantó la comparecencia con restricciones impuesta hace tres años a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, en el caso Cócteles.
En tanto, el juez desestimo devolver a Fujimori la caución de 70 mil soles, por el momento. Para que ello ocurra, deberá esperarse al final del proceso, y solo se beneficiará en caso de que sea absuelta o si el caso se archiva antes del inicio del juicio oral.
Antes de que el juez Wilson Verástegui tomara la decisión de imponer comparecencia simple, dejó en claro, durante la lectura de su resolución, que la Ley 32130 favorece a Keiko en su solicitud para que se levanten las reglas de conducta.
«Evidentemente, la norma incorporada por la Ley 32130 es sin duda más beneficiosa que la anterior, ya que esta última no establecía un límite temporal de manera expresa, mientras que la norma actual sí lo hace. En consecuencia, la norma vigente es la más beneficiosa para la procesada Keiko Sofía Fujimori«, dijo el magistrado.
De esta manera, una vez que caducan las medidas impuestas por el Poder Judicial en virtud de la ley emitida por el Congreso, ya no es posible tomar ninguna acción al respecto.
«Se le impone la comparecencia simple, con la sola obligación de acudir al Ministerio Público y al órgano jurisdiccional las veces que sea llamada. La caución impuesta sigue vigente, no como una medida de coerción personal, sino como una medida real o patrimonial contra dicha ciudadana», apuntó el juez Wilson Verástegui.
Keiko Fujimori y el último paso en el TC
De acuerdo a la información que recogió La República, Keiko Fujimori espera la decisión del Tribunal Constitucional para definir si se libra de la investigación por el caso Cócteles.
El principal punto a definir es si, para las campañas electorales de 2010-2011 y 2015-2016, nuestra legislación penal ya contemplaba el delito de lavado de activos en relación con los aportes de campaña electoral. Un segundo aspecto, que presupone resolver el primero, es cómo determinar si existía el deber de conocer o saber que el dinero recibido durante la campaña tenía una procedencia ilícita.
Según las fuentes consultadas por este medio, la opinión mayoritaria de los magistrados es favorable a Keiko Fujimori. Sin embargo, existen matices en los que no todos coinciden. Algunos magistrados plantean la necesidad de limitar las variables únicamente al caso Cócteles, de modo que no todos los procesados por Lava Jato y otros casos resulten beneficiados.