La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archiva denuncias contra Dina Boluarte por ley de crimen organizado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó el archivo de dos denuncias contra Dina Boluarte presentadas durante su gestión. El grupo de trabajo determinó que los hechos denunciados, relacionados con la Ley de Crimen Organizado y decretos sobre el terminal portuario del Callao, se ciñeron a las facultades establecidas en la Constitución. Debido a que los informes técnicos calificaron los pedidos como improcedentes, los legisladores concluyeron que no se cumplían los estándares de tipicidad necesarios para iniciar un juicio político o penal en estos extremos.

La SAC desestimó la denuncia formulada por la congresista Ruth Luque respecto a la promulgación de la Ley 32138. Dicha acusación sostenía que los cambios en la normativa contra el crimen organizado habrían beneficiado al entorno presidencial. No obstante, el informe de calificación determinó que la observación y promulgación de leyes constituyen un ejercicio legítimo de las atribuciones del Ejecutivo. Por lo tanto, la propuesta de archivo fue aprobada por mayoría, señalando que cualquier cuestionamiento sobre la norma corresponde al Tribunal Constitucional.

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Caso puerto del Callao y otros expedientes

Asimismo, se procedió al archivo de la denuncia vinculada a la emisión del Decreto de Urgencia 004-2025 sobre el terminal multipropósito del Callao. Asociaciones de pescadores artesanales imputaban presuntos delitos de abuso de autoridad tras un desalojo en la zona norte. Sin embargo, el informe técnico aclaró que la subcomisión no tiene competencia para juzgar la constitucionalidad de decretos de urgencia de forma directa. Cabe precisar que la votación registró nueve votos a favor del archivo, al no demostrarse una arbitrariedad dolosa en la emisión de la norma.

Aunque se archivaron diversos expedientes, la SAC decidió admitir a trámite una parte de la denuncia 694 formulada por la Fiscalía de la Nación. Este extremo específico investiga el presunto delito de negociación incompatible en el nombramiento de la presidencia ejecutiva de EsSalud. Actualmente, el proceso judicial bajo estas denuncias contra Dina Boluarte continuará solo en dicho punto, mientras que se declaró la improcedencia para otros exministros implicados por falta de elementos indiciarios suficientes.

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