El Poder Judicial dictó una condena ejemplar de 35 años de pena privativa de la libertad efectiva contra Wilder Oblitas Pacaya (28), tras hallarlo responsable del delito de abuso sexual en agravio de su propia hija de apenas dos años de edad en Iquitos. El repudiable acto criminal ocurrió en el interior de un bus de transporte público en la ciudad de Iquitos, región Loreto, generando una profunda indignación y conmoción entre la ciudadanía local.
En concreto, el sentenciado aprovechó que se encontraba separado de la madre de la menor para sacarla de su vivienda con el falso pretexto de llevarla a pasear; sin embargo, abordó el vehículo colectivo bajo los efectos del alcohol para cometer el abuso. Debido a la agudeza de la cobradora del bus, quien notó una actitud sospechosa en el sujeto, se logró alertar a los pasajeros. Los testigos inmovilizaron inmediatamente al agresor en flagrancia para evitar que escapara y lo trasladaron hacia el Puesto de Intervención Rápida (PIR) del sector de Bagazán, en el distrito de Belén.
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Proceso exprés y entorno familiar
Cabe precisar que los efectivos policiales y los operadores de la Unidad de Flagrancia del Poder Judicial procesaron el caso de forma célere. Ante la presentación de pruebas irrefutables reunidas por las autoridades, el propio Wilder Oblitas Pacaya admitió su culpabilidad, lo que permitió cerrar el caso y emitir la sentencia condenatoria en un tiempo récord. Asimismo, los testigos del trayecto informaron que el individuo no mostró arrepentimiento alguno tras su captura, una actitud que elevó el rechazo de los familiares y de la abuela de la víctima (75), quien exigió el máximo castigo de la ley.
Finalmente, los parientes del agresor solicitaron formalmente a las autoridades que incluyan en las investigaciones a la madre de la menor para esclarecer por completo el contexto familiar previo al ataque. En Definición, la resolución de este caso de abuso sexual en Iquitos establece un precedente importante en la lucha contra la violencia infantil en el país, demostrando que la cooperación entre la ciudadanía civil y la rapidez de las herramientas judiciales resulta vital para encarcelar de forma inmediata a los agresores de menores.
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