El Poder Ejecutivo formalizó la aprobación del Decreto de Urgencia N.º 005-2026, una medida económica excepcional orientada a contrarrestar la crisis financiera y operativa que golpea de forma directa a la cadena productiva del arroz en el territorio nacional. A través de este dispositivo legal, el Gobierno central destinará una partida presupuestal de S/170 millones con el propósito de salvaguardar la economía de miles de pequeños productores agrarios y asegurar el abastecimiento continuo de este insumo básico para la seguridad alimentaria de los sectores más vulnerables.
En concreto, la norma publicada en la edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano autoriza una transferencia de S/120 millones a favor del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri). Debido a las pautas fijadas en la norma, S/100 millones de dicho fondo se destinarán a la compra directa y excepcional de arroz a los productores de la agricultura familiar para su posterior distribución gratuita a familias en situación de pobreza y pobreza extrema; en tanto, los S/20 millones restantes cubrirán los gastos de transporte y la logística de reparto.
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Factores internacionales y obras de descolmatación
Cabe precisar que esta intervención de emergencia busca atenuar el incremento sostenido en los costos de producción del cereal, impulsado principalmente por el alza internacional en el precio de los fertilizantes que se ha visto agravada por los actuales conflictos geopolíticos en Medio Oriente. Asimismo, el decreto incluye una asignación complementaria de S/50 millones para la limpieza, mantenimiento y descolmatación de la infraestructura hidráulica y canales de riego mediante la modalidad de núcleos ejecutores, priorizando las zonas agrícolas declaradas en estado de emergencia por el impacto de lluvias e inundaciones.
Finalmente, el Midagri dispone de un plazo máximo de diez días hábiles para emitir los lineamientos operativos que regirán los criterios de selección de los agricultores, los centros de acopio y las redes de distribución de la ayuda alimentaria. En definición, el dispositivo legal, que mantendrá su vigencia regulatoria hasta el 31 de diciembre de 2026, responde a la alta representatividad del cultivo, el cual durante el 2025 significó el 6,42 % del Valor Bruto de Producción agropecuario y el sustento de más de 71 mil productores nacionales, quedando la fiscalización y el control concurrente de todo el gasto a cargo de la Contraloría General de la República.
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