La periodista de investigación Geraldine Santos (30) se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad tras denunciar públicamente una serie de recurrentes amenazas de muerte en su contra. Las intimidaciones, según detalló la propia reportera, provienen de mafias de la delincuencia organizada que operan de manera impune en la Amazonía peruana, región donde Santos viene desentrañando esquemas vinculados al tráfico ilícito de drogas y a la tala y minería ilegales.
En concreto, la gravedad del caso escaló a nivel internacional tras un pronunciamiento de alerta emitido por el Committee to Protect Journalists (CPJ), organismo global que exigió salvaguardar la vida de la comunicadora. Debido a la nula seguridad en las zonas donde realiza sus coberturas, Santos reveló el crudo nivel de asedio que padece, confesando que la presión de los reglajes clandestinos la llevó a coordinar con su entorno familiar un protocolo de emergencia para la ubicación de sus restos físicos en caso de ser asesinada por los carteles que operan en la selva.
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Crimen organizado y el silencio en las zonas de frontera
Cabe precisar que la periodista ha integrado equipos de alta exigencia periodística en el medio digital Ojo Público, cubriendo escenarios de alta conflictividad civil y criminalidad ambiental en territorios amazónicos donde el miedo sistemático ha impuesto el silencio informativo. Asimismo, sus allegados indicaron que el hostigamiento sistemático ha mermado su tranquilidad cotidiana, obligándola a evaluar escenarios extremos ante el avance desmedido de las economías ilegales que ya han cobrado la vida de numerosos líderes indígenas y defensores comunitarios de los bosques.
Finalmente, gremios de prensa nacionales y agrupaciones internacionales de derechos humanos demandaron una reacción inmediata por parte del Poder Ejecutivo. En definitiva, el caso de Geraldine Santos expone el desamparo estructural que afronta cualquier periodista de investigación en el interior del país, por lo que se ha exhortado de manera formal al Ministerio del Interior (Mininter) y a las fiscalías especializadas a activar las garantías personales y los mecanismos de protección urgente para evitar que se silencie otra voz de control democrático en el Perú.
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