La tensión administrativa y académica se agudiza en la Universidad Nacional de Ucayali (UNU). Un numeroso grupo de estudiantes mantiene tomadas las instalaciones de la casa superior de estudios desde la madrugada del lunes 26 de mayo, impidiendo el ingreso de personal y el desarrollo regular de las clases en la sede de Pucallpa. La medida de fuerza de carácter indefinido responde al reclamo del alumnado ante la falta de atención a un pliego que reúne 21 demandas institucionales.
En concreto, los manifestantes utilizaron mesas, carpetas, sillas y ramas de árboles para bloquear de forma permanente los accesos principales del campus. El presidente de la Federación de Estudiantes de la UNU (FEUNU), Álvaro Ríos, confirmó que la medida se mantendrá activa hasta que las autoridades rectorales formalicen una mesa de diálogo presencial. Debido a que la alta dirección partidaria, conformada por el rector y el vicerrector, se encontraría realizando un viaje fuera del país, los dirigentes exigieron su retorno inmediato a la región Ucayali para dar soluciones al conflicto.
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Pliego de reclamos, falta de elecciones y graves denuncias
Cabe precisar que el detonante principal de la protesta es la acefalía en los órganos de gobierno, pues desde hace dos años la universidad carece de asambleístas, consejeros de facultad y representantes estudiantiles elegidos democráticamente. Asimismo, el pliego de reclamos consigna denuncias por presuntos actos de corrupción en los procesos logísticos y la contratación de personal docente, por lo que solicitaron formalmente la intervención de la Contraloría General de la República. A esto se suman deficiencias severas en la infraestructura, como la falta de laboratorios equipados, la escasez de raciones en el comedor y la urgente necesidad de construir una residencia universitaria para albergar a más de 7,500 alumnos de bajos recursos.
Finalmente, un sector de las protestantes demandó la implementación de protocolos estrictos e investigaciones eficaces contra casos de acoso sexual y hostigamiento cometidos por catedráticos, denunciando desamparo institucional que obligó a varias víctimas a desertar de sus carreras. En definición, representantes de la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional del Perú y la Fiscalía de Prevención del Delito se instalaron en los exteriores de la Universidad Nacional de Ucayali para monitorear las jornadas y actuar como mediadores neutrales, buscando restablecer el orden público sin que se registren hechos de violencia en la ciudad.
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