La Contraloría General realizará diversos operativos de control específicos que se inician en el mes de marzo con el despliegue de 1300 auditores en todas las entidades del gobierno nacional, los poderes del Estado, organismos autónomos y organismos descentralizados, anunció el contralor general Nelson Shack.

Responsabilidades

El último año la Contraloría ha señalado responsabilidades en 8730 funcionarios públicos. El 71% de ellos tienen cargos directivos, y están comprendidos 134 titulares de entidades públicas.

En ese sentido, señaló que se ha enviado al Poder Ejecutivo la lista de dichos funcionarios que laboran en las entidades del gobierno para que procedan de inmediato con las sanciones administrativas que están dentro de su competencia.

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Agregó que el Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas ha emitido resoluciones sancionatorias y que, a la fecha, nueve funcionarios han sido inhabilitados de la función pública por las graves y muy graves irregularidades.

Reforma del control

Señaló que la Contraloría General cuenta ahora con la capacidad de acceder a 50 bases de datos del Estado peruano, cuando al inicio de su gestión solo se disponía el acceso a tres. Dicha interoperación de las distintas bases de datos permite actualmente auditar a los funcionarios, es decir, no solo a los procesos de inversiones y adquisiciones sino también a las personas y su entorno vinculado.

Control concurrente

La Contraloría General identificó más de 42 500 situaciones adversas y que el 41% de ellas no han sido corregidas por los gestores, es decir, que el riesgo de generar un perjuicio al país persiste. Anotó que, de concretarse el perjuicio, se señalarán las responsabilidades, pero no es aceptable que teniendo una alerta técnica no se actúe con la prolijidad y la responsabilidad que corresponde.

Manifestó que el perjuicio producido por la corrupción o inconducta funcional, supone una pérdida de más de 24 mil millones de soles perdidos en 2021, y que el 2022 el monto será algo mayor, de acuerdo al estudio que está por concluir.

Anotó que transportes, salud y educación encabezan los índices de sectores donde se genera mayor pérdida económico por corrupción o inconducta funcional. A nivel regional, el ranking es encabezado por Arequipa, Loreto y Puno, data que se puede revisar en la web del Observatorio Nacional Anticorrupción.

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