El juez Manuel Chuyo, titular del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, dictó 18 meses de impedimento de salida del país contra Piero Corvetto, exjefe de la ONPE. La medida se vincula a la investigación por presunta colusión agravada tras las irregularidades detectadas en las elecciones del pasado 12 de abril. En consecuencia, el magistrado ordenó cursar los oficios inmediatos a la Superintendencia Nacional de Migraciones para ejecutar la restricción y asegurar la presencia de los implicados durante las diligencias fiscales.
En concreto, la disposición judicial también alcanza a otros cinco investigados, incluyendo al gerente de la empresa Galaga, responsable del cuestionado reparto de material electoral. Debido a que los imputados se allanaron al pedido del Ministerio Público, el juez consideró innecesario debatir la intensidad del peligro de fuga en esta etapa. Por lo tanto, el magistrado subrayó que la medida busca minimizar cualquier riesgo de evasión y garantizar que las autoridades puedan ubicar a los procesados cada vez que el proceso lo requiera.
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Descargos sobre el pasaporte y defensa de inocencia
Piero Corvetto afirmó durante la audiencia que su allanamiento constituye una muestra de su compromiso para colaborar con la justicia. No obstante, el exfuncionario aclaró que esta decisión no implica un reconocimiento de culpabilidad ni valida la hipótesis de la Fiscalía. Corvetto aprovechó su intervención para explicar el hallazgo de un tercer pasaporte en su domicilio, asegurando que se trataba de un documento antiguo y sin vigencia técnica, pues ya había entregado sus documentos actuales voluntariamente.
Asimismo, el exjefe de la ONPE defendió su gestión de más de cinco años y medio, alegando que siempre actuó con integridad y respeto estricto a las normas. Sin embargo, la Fiscalía mantiene la sospecha de que existió una concertación ilícita que perjudicó el desarrollo de los comicios y favoreció a un proveedor específico. Actualmente, el equipo especial de delitos de corrupción de funcionarios continúa recopilando pruebas para determinar si las fallas logísticas del 12 de abril fueron provocadas para beneficiar a terceros.
Finalmente, Corvetto expresó su confianza en que, al término de los 18 meses, logrará evidenciar su inocencia y la inexistencia de responsabilidad penal. En definitiva, el Poder Judicial ha establecido un cerco legal para evitar que los principales sospechosos abandonen el territorio nacional mientras avanza el caso. En los próximos días, se espera que el Ministerio Público cite a nuevos testigos para profundizar en las coordinaciones entre la alta dirección de la ONPE y la empresa contratista.
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