En Lima, el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria aprobó de forma parcial el requerimiento del Ministerio Público para revisar el registro de telecomunicaciones del exministro Juan José Santiváñez. Por consiguiente, el magistrado Juan Carlos Checkley dispuso el inicio del rastreo técnico de las llamadas y mensajes de texto del exfuncionario del Ejecutivo.
De igual importancia es la inclusión de otros siete ciudadanos implicados en la misma carpeta de investigación del fuero judicial. En primer lugar, los peritos examinarán la geolocalización y los identificadores de los equipos telefónicos de Percy Alberto Tenorio Gamonal y Marco Antonio Palacios Meza. En segundo lugar, las empresas de telefonía móvil deberán remitir el historial completo generado durante la gestión ministerial del investigado principal.
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Por este motivo, el periodo de evaluación de las comunicaciones abarcará desde mayo del año 2024 hasta marzo del año 2025. De esta manera, los fiscales adjuntos buscan corroborar las declaraciones de un colaborador sobre presuntos pagos ilícitos de veinte mil dólares dentro de la Policía Nacional. Además, los investigadores policiales analizan diversas coordinaciones destinadas a favorecer contratos públicos con el estudio jurídico Tenorio Abogados y Asociados.
La resolución judicial ratificó el rechazo absoluto a los recursos de oposición presentados por las defensas técnicas de los demás coimplicados. Por lo tanto, el proceso penal continuará bajo los cargos de organización criminal, cohecho pasivo propio y negociación incompatible en agravio del Estado. Como consecuencia de esta orden legal, la fiscalía recopilará pruebas digitales determinantes sobre las operaciones financieras sospechosas.
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