El gobierno de la presidenta República, Dina Boluarte, promulgó este miércoles, siete de junio, la ley que permitirá al Congreso y Poder Judicial designar a sus propios procuradores públicos, sin participación de la Procuraduría General del Estado. Todo esto a pesar de la posición en contra del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus).

El pasado 30 de mayo de 2023, el informe nº 99-2023-JUS/GA, del Ministerio de Justicia, suscrito a solicitud de la Secretaría del Consejo de Ministros. Elaborado para pedir la opinión de esta cartera sobre lo aprobado por el Legislativo, señala que dicha iniciativa no presenta “un sustento razonable” para un tratamiento diferenciado. Ya que, en el Congreso y en el Poder Judicial; respecto de las reglas de acceso al cargo de procurador.

Asimismo, el Minjus dentro de las observaciones que detalló indica que no sería posible una administración pública con normas distintas para cada poder del estado, organismos autómonos, gobiernos locales, en relación al abastecimiento, tesorería o contabilidad. Además, el documento incide en que los procuradores públicos tienen una actividad técnico – legal. Por ello, esta debe ser ejercida de manera «uniforme y coherente»; bajo los parámetros establecidos por el ente rector. Debiendo estos ser iguales para todas las procuradurías públicas.

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Finalmente, resaltan que la ley promulgada afecta la consolidación de un Estado eficiente al excluir a las procuradurías públicas del Congreso, Poder Judicial y organismos autónomos de la dependencia administrativa y funcional del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado (SADJE).

“Con ello se afecta el objetivo de eficiencia del Estado en la prestación del servicio de defensa jurídica, puesto que las directivas técnico – normativas del Sistema no serán de aplicación a las mismas”, precisó en el documento.