El Ministerio Público presentó un recurso de apelación contra la resolución que rechazó la detención preliminar de Piero Corvetto Salinas, exjefe de la ONPE. La medida también incluye a otros tres funcionarios investigados por presunta colusión agravada. Debido a las presuntas irregularidades detectadas en las elecciones generales del pasado 12 de abril, la Fiscalía busca asegurar que los implicados enfrenten el proceso bajo restricción de libertad. El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria ya elevó los actuados a la Sala Penal correspondiente para la decisión final.
En concreto, la tesis fiscal sostiene que existió un direccionamiento en la adjudicación del contrato de transporte de material electoral. El acuerdo, suscrito por más de 6 millones de soles con la empresa Servicios Generales Galaga S.A.C., habría sido manipulado mediante criterios técnicos irregulares. Por ejemplo, el comité evaluador descontó metraje de las cabinas de los vehículos para alterar el puntaje final de los postores. De esta manera, la empresa beneficiada superó a competidores que habrían obtenido un mejor puntaje bajo términos de referencia legales.
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Riesgo de fuga e impedimento de salida
Asimismo, el fiscal provincial Raúl Martínez solicitó el impedimento de salida del país por 18 meses para Corvetto y otros seis investigados. A pesar de que el exfuncionario entregó sus pasaportes peruano e italiano, las autoridades hallaron un documento de viaje vigente durante el allanamiento de su domicilio. Por lo tanto, la Fiscalía advierte que la sola entrega de documentos no elimina el riesgo de que el investigado abandone el territorio nacional. Cabe precisar que la gravedad de los delitos y la capacidad económica de los involucrados refuerzan la necesidad de esta restricción.
El origen de esta crisis institucional se remonta al caos electoral que impidió el voto de 63 000 ciudadanos en Lima. Como consecuencia de la falta de instalación de mesas, la jornada electoral debió extenderse un día adicional, provocando la renuncia de Corvetto el pasado 21 de abril. Actualmente, el proceso judicial busca determinar las responsabilidades penales detrás del deficiente servicio de transporte que paralizó los comicios. En los próximos días, la Sala Penal determinará si existen elementos suficientes para revocar la libertad de los principales directivos de la ONPE.
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