La Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que propone tipificar como delito el expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. La iniciativa legislativa, impulsada por el parlamentario Flavio Cruz, plantea una modificación sustancial en el Código Penal para incorporar el artículo 288-D, estableciendo sanciones efectivas de cárcel efectiva contra todas aquellas personas que faciliten o comercialicen este insumo a los adolescentes.
En concreto, el texto aprobado estipula de forma textual que quien venda, distribuya, expenda o suministre directamente bebidas alcohólicas a un menor de 18 años será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años, además de la imposición de 60 a 180 días-multa. Debido a que la regulación vigente solo contempla sanciones de carácter administrativo y multas municipales, los legisladores concluyeron que el marco actual carece de poder disuasivo, propiciando un escenario de total impunidad tanto en el mercado formal como en el informal.
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Impacto en la salud y apoyo institucional
Cabe precisar que el dictamen recoge alarmantes informes estadísticos emitidos por el Ministerio de Salud (Minsa), DEVIDA y CEDRO, los cuales revelan que el 59.7 % de los adolescentes peruanos entre los 12 y 18 años consume alcohol, fijando la edad promedio de inicio en apenas los 13.2 años. Asimismo, durante el debate técnico, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables respaldó la propuesta recordando que el consumo temprano altera el desarrollo cerebral y biopsicosocial de los menores, exponiéndolos a cuadros severos de intoxicación y adicción prematura.
Finalmente, instituciones tutelares como el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú (PNP) coincidieron en la urgencia de sancionar penalmente esta conducta. Ambas entidades argumentaron que el consumo de alcohol en adolescentes incrementa la inseguridad ciudadana, la delincuencia y los accidentes viales. En definitiva, tras recibir la aprobación de la comisión dictaminadora, el Congreso debatirá y eventualmente ratificará el documento antes de que el Poder Ejecutivo lo promulgue en el diario oficial El Peruano.
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